La Constitución española de 1978 reconoce de forma conjunta el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, en su artículo 27. Un texto que contiene las bases de nuestro sistema educativo, que se ha desarrollado en sucesivas Leyes Orgánicas. Si bien el sistema no ha tenido cambios sustanciales desde los años ochenta, hay algunas cuestiones controvertidas que han impedido alcanzar acuerdos. Así, la propia definición de educación pública, la financiación de los centros educativos no estatales, las materias del currículo de las diferentes etapas y algunas otras impiden que se produzca un Pacto por la educación, entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo del sistema educativo, para consensuar los necesarios desarrollos legislativos que requiere una educación de calidad, más allá de las disputas políticas.
Entrevista a Carlos José Vidal Prado catedrático de Derecho Constitucional, UNED
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