El discurso de la ministra de Educación y Formación Profesional ante la comisión del mismo nombre del Congreso de los Diputados responde a lo que cabía esperar: el avance de las líneas maestras de un programa de gobierno lleno de buenas intenciones. El problema es que cuando se profundiza en su contenido se observa que, junto a algunas ideas interesantes y tópicos difíciles de evitar, aparecen afirmaciones muy discutibles.
La primera de ellas plantea, de forma textual, «la primacía de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo». Entra pues la ministra en una cuestión a mi parecer secundaria, el hecho de que la educación, un servicio público, sea impartida por centros de titularidad estatal o de iniciativa social. Y entra de forma militante, no diciendo que se esforzará por mejorar los centros de titularidad pública, lo que sin duda es encomiable y deseable, sino señalando su primacía, es decir, tomando partido, pues en contra de lo que marca la siempre deseable imparcialidad de una administración cuyos recursos no son otros que los que capta de los ciudadanos a través de los impuestos, no se plantea que exista «un mercado educativo» al que concurran en igualdad de condiciones centros públicos y de iniciativa social, sino que deja claro que la escuela de titularidad pública «tendrá la debida preeminencia».
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